Hablaremos desde la lógica, ya que no tenemos un posgrado sobre el tema.
Las leyes y normas, como la de construcción, se hacen, en su momento, para regular, o lo que es lo mismo, evitar fraudes y abusos, en este caso por parte de promotores sobre los futuros usuarios de las viviendas que promueven y construyen.
Las leyes nunca contemplan todos los posibles escenarios, y desde luego, no son, o no debieran ser eternas.
En nuestro caso, la aparición del concepto COHOUSING que era desconocido cuando se reguló la vivienda en Canarias, pide que esta ley se replantee, ya que en lugar de proteger al ciudadano en realidad puede acabar perjudicándolo.
Este concepto de “vivienda compartida” que proporciona al usuario, junto a su espacio privado un espacio de uso común, permite que ese espacio privado sea menor y al mismo tiempo, el uso del espacio común, permite a ese usuario tener el mismo grado de confort e incluso superior, por no hablar de las ventajas de otra índole, lo que no viene aquí al caso.
Podemos afirmar, sin ninguna duda, de que este es el caso de las viviendas de un cohousing. Estamos, además, ante un autopromotor que decide como va a ser su vivienda, lo que hace innecesario “protegerlo” de sus propias decisiones, lo que excede, a mi modo de ver, del propósito de la ley. Aún así, como definitivamente la sociedad actual tiende a clasificar y regular todo, habrá que pensar en una nueva regulación que contemple el COHOUSING.
Pedimos desde aquí, que además de las declaraciones de apoyo y de las subvenciones, las administraciones, dentro de su ámbito de actuación, flexibilicen las leyes existentes en este sentido, y a los partidos que promuevan la modificación de las mismas en igual sentido.
El avance y progreso siempre debe ir acompañado de la puesta al día de la legalidad vigente para que ésta no sea un freno al desarrollo.